El Alto y dirigencia del MAS reclaman justicia por víctimas de Octubre Negro

A 19 años de la masacre de Octubre Negro, la Dirección Departamental del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP) La Paz reivindicó la lucha del pueblo alteño que reclama justicia por las 67 víctimas de la intervención militar del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Como parte de los actos para recordar a los caídos en la convulsión social, en la fecha se organizó una visita al museo de los héroes de la guerra del gas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto a una exposición de fotografías y se presentará el documental: Armas de Casa, que rescata los hechos sucedidos entre septiembre y octubre de 2003.

La concejala del MAS, Wilma Alanoca, afirmó que las víctimas no claudicarán en la búsqueda de justicia y lamentó que los diversos gobiernos de Estados Unidos no permitan extraditar a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, quienes “masacraron” al pueblo boliviano.

“Hoy es una fecha especial, muy simbólica, histórica, son 19 años en los que el pueblo alteño no claudica y no lo va a hacer, porque tenemos una sed de justicia”, señaló Alanoca en conferencia de prensa.

Recordó que, los hechos luctuosos por la denominada Guerra del Gas dejó más de 400 afectados entre hombres y mujeres, heridas que aún están abiertas en la población alteña y boliviana.

“Nosotros como parte del proyecto país, del Movimiento Al Socialismo y de la población alteña nos pronunciamientos en esta jornada para reivindicar esta sed de justicia; y decir honor y gloria para los caídos en las jornadas sangrientas y exigir una vez más que el gobierno norteamericano no se interponga, basta de injerencia”, aseveró la concejal.

El principal tema de conflicto, de los hechos de octubre de 2003, fue el anuncio del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas en Bolivia era mínima, situación que generó convulsiones sociales y derivó en una intervención militar contra las movilizaciones de diversos sectores.

La ciudad de El Alto fue el lugar en que la intervención militar, respaldada por el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, produjo más víctimas.

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