Bolivia conmemora el segundo aniversario del primer retorno a la democracia en el Estado Plurinacional

Pasaron dos años. Las encuestadoras privadas callaron, al igual que el Tribunal Supremo (TSE) presidida por el delegado del gobierno de facto, Salvador Romero, y como nunca antes había sucedido en el país, pasada las 00.00 de ese 18 de octubre de 2020 se presentaron los resultados en boca de urna realizadas por las consultoras, entre ellas Ciesmori.

El dato, que con ciertas variantes se confirmaron días después, daba la victoria al binomio del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, y David Choquehuanca, con el 52,4%, frente al 31,5% alcanzado por Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza y el 14,1% de Creemos, que postuló a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Como si se tratara de una fiesta, en la ciudad de La Paz hubo detonaciones de petardos que hicieron destellar el cielo.

Días más tarde, el 23 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la victoria del MAS-IPSP.

Con un padrón electoral de 7.332.926 habilitados, se registraron 6.484.008 votos, con 6.159.211 votos válidos; 91.419 votos blancos y 233.378 votos nulos.

El MAS-IPSP logró 3.394.052 votos y con ello volvió a presidir el país, luego de las fallidas elecciones de octubre de 2019 que dieron paso a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, como presidenta del Estado ante una Asamblea que no formó si quiera el quórum necesario, en franca vulneración del Reglamento de Debates y de la Constitución.

Investida como presidenta por el jefe de la casa militar y con la biblia en mano, Añez ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas en el país y, en reciprocidad, las cubrió de inmunidad para que repriman al pueblo con el Decreto Supremo 4078.

Amparada en el dictamen de “reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”, las Fuerzas Armadas reprimieron sin clemencia a los movilizados en Sacaba y Senkata dejando más de una treintena de muertos y cientos de heridos.

El portavoz Presidencial, Jorge Richter, recuerda que además se “tuvo más de mil bolivianos detenidos en las cárceles” porque el gobierno de facto no toleraba que ni siquiera que alguien disienta por las redes sociales, por tanto “no había un sistema democrático”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en Sacaba y Senkata las fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo “ejecuciones sumarias”.

Apadrinada por Mesa y Camacho, Áñez, que había prometido convocar a elecciones en 90 días, suspendió en al menos cuatro ocasiones el proceso electoral: inicialmente estaba prevista para el 3 de mayo, pero se la reprogramó para el 17 de ese mes.

Luego de que decretó una cuarentena total como única respuesta a la pandemia del Covid-19, Añez volvió a aplazar los comicios para el 6 de septiembre. Al final se la programó para el 18 de octubre, de forma definitiva, gracias a la presión de los sectores sociales con protestas como el Cabildo del millón, realizado el 28 de julio de 2020.

Richter afirma que ese día se “consolidó el primer retorno a la democracia dentro del periodo, del tiempo del Estado Plurinacional”.

En reiterados eventos, el presidente Luis Arce afirmó que en esos comicios el pueblo boliviano decidió elegir “un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Para el senador del MAS-IPSP, Felix Ajpi, la victoria del MAS-IPSP significó la recuperación de las plenas libertades en el país, pero también asumir el reto de reconstruir la economía nacional.

“Hoy tenemos una democracia con todas las dificultades de construcción que tenemos”, valora Richter, sin embargo, advierte que hay intentos “claros” de ciertos sectores “de poder restablecer regresivamente el Estado neoliberal en el país que es el fondo de la cuestión del paro generado por el Comité Interinstitucional en Santa Cruz”.

En efecto, el Comité Interinstitucional cerró toda opción al diálogo por el Censo y en cambio se encamina a llevar a Santa Cruz a un paro indefinido, que es rechazado por varios sectores, entre ellos, empresarios, alcaldes y organizaciones sociales, para que se fije la fecha el proceso censal para el 2023.

Para el portavoz, esa medida es parte de esa “lucha que desde hace bastante tiempo” alienta un “poder privado, un poder privado que son los sectores de las logias, los sectores de la economía oligárquica que existen y sobre todo aquellos sectores que van en contra de lo que significa la implementación del Estado Plurinacional que es una inclusión de todos los sectores sociales de nuestro país”.

“A ellos les interesa mucho poder generar una anormalidad e inestabilidad en el país (…) esos sectores tienen el interés de ralentizar ese crecimiento o de generar que se pueda interrumpir”, alerta.

Y es que Bolivia logró consolidarse como una de las naciones con el menor indicador de la inflación interanual a escala global y mejoró su crecimiento económico luego de la debacle que se produjo en el régimen del gobierno de facto.

Mientras el gobierno nacional apunta a mantener el crecimiento y alcanzar la meta del 5,1% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) este 2022, el Comité Interinstitucional se centra en parar nuevamente Santa Cruz como ya lo hizo el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto.

ABI

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