Tras el plazo de 21 días para ajustar el cronograma censal y la amenaza de paro indefinido del cabildo en Santa Cruz, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, advirtió que los discursos estuvieron marcados por mensajes de desestabilización del Gobierno, sin embargo reiteró que está en pie la invitación al diálogo del 11 de octubre y llamó a “no destrozar lo que hemos construido”.
“!Los hemos derrotado y los vamos a derrotar otra vez¡” y “vamos a terminar lo que empezamos” fueron algunas de las frases escuchadas en el cabildo de este viernes, donde se decidió dar 21 días al Gobierno para adelantar el censo, porque de lo contrario irán a un paro indefinido que acabará solo con un decreto que fije fecha del censo dentro del 2023.
“Tiene las mismas connotaciones del cabildo del 4 de octubre de 2019, estamos hablando de oraciones, ultimátum y de discursos que tienen un tinte netamente político”, advirtió en alusión a similares hechos ocurridos en 2019, días previo a las protestas que acabaron con el golpe de Estado.
“Tratan de llevar este tipo de desestabilización, con el tipo de discurso político, instamos a la población a que no destrocemos lo que hemos construido entre todos”, consideró Alcón y reiteró que, a diferencia de lo escuchado en el cabildo, para el Gobierno es de prioridad nacional el censo, pero técnico y alejado de la politización.
“Para nosotros el censo es una prioridad nacional, y lo ratificamos y lo sostenemos, por eso se trabaja de manera responsable, técnica, participativa, en consenso; es falso que al Gobierno y al Presidente no le interesa al censo”, insistió.
Justamente en esta línea, el Gobierno convocó a las autoridades cruceñas a una reunión técnica para el 11 de octubre, con la finalidad de discutir la propuesta presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de adelantar el censo para el 2023.
“Tratar de acelerar el censo sin sustento técnico no tiene sentido y resulta irresponsable, instamos a la población a que no destrocemos lo que hemos construido entre todos”, reflexionó en una entrevista con Bolivia Tv.
En el cabildo también se fijó un plazo de 120 días entre la culminación del censo y la entrega de los resultados para, entre otros objetivos, diseñar un nuevo padrón electoral. Alcón calificó de un “error mayúsculo” el plazo, porque los “organismos internacionales, ONU y CEPAL, han dicho que es inviable, imposible, de hecho se necesitan 12 meses para que se pueda entregar todos los resultados”.
Un día de paro para Santa Cruz le representa la pérdida de $us 36 millones. En el cabildo se evidenció “una intencionalidad de generar desestabilización con medidas que perjudican a la población boliviana”.
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