Racismo, violencia y terror: las huellas de la RJC

De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el primer registro sobre la aparición de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) data del 29 de octubre de 2019, en Cochabamba. Este grupo parapolicial participó en enfrentamientos registrados en el puente Muyurina, en apoyo de grupos de bloqueadores, opositores al gobierno del entonces presidente Evo Morales.

La organización, integrada en su mayor parte por jóvenes, se caracterizó por movilizarse en motos y portar armas de factoría casera, como fusiles y bazookas.

El reporte del GIEI da cuenta de que el grupo también estuvo implicado en la quema del cerro San Pedro, en la capital cochabambina, ese mismo día. Otro grupo de la RJC fue filmado recorriendo las calles del centro de Cochabamba, cuando se cruzaron con dos mujeres de pollera, a quienes no dudaron en agredirlas y golpearlas. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo.

A partir de ese momento, la RJC tomó protagonismo en las movilizaciones de sectores que buscaban el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, participaron activamente en éstas mediante el amedrentamiento y agresión a personas de origen aymara, quechua y humilde. Pese a que desplegaron su aparataje de violencia sistemática, se presentaban ante los medios de comunicación como una organización pacífica.

Violencia desmedida

Un grupo de la RJC patrulla las calles de Cochabamba, amedrentando a la ciudadanía.


El 6 de noviembre, cuando una marcha de mujeres indígenas y campesinas fue convocada para pedir paz, respeto a la democracia y el cese de la violencia, la RJC cometió los hechos más funestos dentro de su prontuario criminal.
Ese día, una facción, conformada por 300 integrantes de este grupo, se trasladó hasta Vinto para secuestrar a la entonces alcaldesa de ese municipio, María Patricia Arce Guzmán.

Los miembros de la RJC, armados con palos, piedras y otros objetos contundentes, atacaron el frontis del edificio municipal y rompieron cámaras de seguridad y ventanas. Arce fue interceptada en el camino por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla.

Producto del ataque perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Entonces fue obligada a caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo mientras era agredida. Casi en Quillacollo, apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que aún circulan por redes sociales.

Entretanto, otro grupo de la RJC, a bordo de motocicletas, interceptaron a mujeres que participaron en la masiva marcha femenina que se alistaba para irse a sus poblaciones, las obligaron a bajar, pincharon las llantas de los buses que iban a trasladarlas, según establece el mismo informe del GIEI.

Además, varias de estas mujeres fueron obligadas a marchar como escudos humanos de los miembros de la RJC, de acuerdo con videos grabados ese día. El informe del GIEI también establece que los integrantes de la RJC amenazaban a estas mujeres con agresiones sexuales.

El grupo continuó participando activamente en las jornadas posteriores, hasta que se consumó el golpe de Estado. Fue así que se registraron los acontecimientos del 19 de diciembre de 2019 frente a la Asamblea Departamental de Cochabamba, cuando un grupo mayoritariamente de mujeres fue al lugar.

“Ahí, presuntos miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) los/las agredieron e insultaron: Según una de las mujeres que estaba presente, miembros de la RJC amenazaron a las mujeres, gritándoles ‘a ti te vamos a violar’, ‘estás fichada, sabemos dónde vives’, ‘tenemos pagado el motel, te vamos a meter un hijo para que sepas de qué lado tienes que estar’”.

Este tipo de agresiones también era proferido contra los varones que acompañaban la movilización y cuya fisonomía era indígena.

El grado de impunidad de este grupo fue evidente durante el régimen de facto de Jeanine Añez, pues el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó a felicitarlos por su actuación y los invitó a ser “la guardia oficial” de esa cartera de Estado.

Con el retorno de la democracia y la asunción al gobierno del presidente constitucional Luis Arce, la RJC dejó de operar y varios de sus miembros y cabecillas tuvieron que enfrentar a la justicia por los crímenes cometidos.

Es así que su principal cabecilla, Yassir Molina, está detenido, lo mismo que Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, mientras que Milena Soto guarda detención domiciliaria. Todos enfrentan procesos por daños a bienes del Estado, violencia y agresiones.

GIEI y el CAT demandan desarticular la RJC y la UJC

Los cabecillas de la RJC. En el centro y de negro, el principal dirigente: Yassir Molina.

El Comité contra la Tortura (CAT) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coincidieron en que es necesaria la desarticulación de organizaciones parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

De hecho, el informe del GIEI catalogó a la agrupación irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) como un grupo de choque parapolicial. Dentro del reporte destaca su participación durante el Golpe de Estado en Bolivia y su actuación para enfrentar y disolver a agrupaciones del Movimiento Al Socialismo por medio de armamento casero, además de explosivos.

El informe del GIEI relata cómo la RJC agredió inclusive a mujeres de pollera bajo la excusa de ser militantes del Movimiento Al Socialismo en el departamento de Cochabamba. De igual manera tenía la misión de resguardar los puntos de bloqueo ejecutados por agrupaciones de la clase media cochabambina.

El informe señala que “La RJC se organizó desde el principio de los bloqueos y adquirió importante protagonismo en diversos enfrentamientos, como un grupo de choque que se autoasignó la misión de proteger primero los bloqueos y luego la ciudad. Se movilizaban de a dos en motocicletas, una persona conduciendo y otra con una bazuca artesanal, petardos u otros artefactos explosivos, imitando tácticas policiales para enfrentar y disolver de manera violenta marchas de adeptos al MAS”.

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