Actores del golpe

LUIS FERNANDO CAMACHO

Después de las elecciones de octubre de 2019, que daban la victoria al Movimiento Al Socialismo, Luis Fernando Camacho desconoció los resultados, convocó a un cabildo en Santa Cruz y le dio al entonces presidente Evo Morales un plazo de 48 horas para que renuncie.

Posteriormente convocó a los cruceños, y luego al resto de los bolivianos, a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr su objetivo, que era “sacar al ‘dictador’ del Palacio”.

 Sus exigencias habían caído inicialmente en saco roto, por lo que convocó a un nuevo cabildo y dio lectura a una carta que redactó él mismo explicando cómo debía renunciar Morales.

Desde ese momento afirmó que no descansaría hasta llegar a la sede de gobierno para entregar la carta a Morales en sus manos.

El 4 de noviembre llamó a paralizar todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia y, en una actitud entre errante y desafiante, viajó a La Paz para entregar la carta a Morales “en sus manos”, a pesar de que miles de alteños y paceños le advirtieron incluso con quitarle la vida si pisaba suelo alteño.

De a poco las presiones en el país tuvieron el efecto deseado por Camacho, ya que también contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuyos comandantes sugirieron la renuncia de Morales.

El 10 de noviembre se conoció esa renuncia y Camacho, quien ya estaba en La Paz, se trasladó al Palacio de Gobierno. Con una postura triunfante y la Biblia en la mano, Camacho ingresó al Palacio con la carta de renuncia. Desplegó la bandera boliviana y colocó encima de ella las sagradas escrituras prometiendo “devolver Dios al Palacio Quemado”.

MARCO ANTONIO PUMARI

Marco Antonio Pumari se aferró al discurso de fraude electoral y desde el 21 de octubre de 2021, a nombre de defensa de la democracia, convocó a sus seguidores a radicalizar las protestas en la ciudad de La Paz y en todas las capitales del país.

 “Nosotros hemos venido con un mandato, hemos traído una carta (de renuncia para que Morales la firme), pero esta carta la vamos a entregar todos. No nos vamos a ir (de La Paz) hasta que Bolivia sea libre”, enfatizaron Camacho y Pumari a manera de advertencia.

El 9 de noviembre, el entonces presidente del Comité Cívico Potosinista anunció la llegada de 2.500 mineros cooperativistas a la ciudad de La Paz para ejecutar una “presión” y reforzar su intento de golpe de Estado.

 Luego del llamado al desconocimiento de los resultados electorales, los grupos de choque convocados por los dos cívicos generaron convulsión sistemática en todo el país con enfrentamientos entre bolivianos.

El escenario estaba listo para ejecutar el golpe de Estado. Luego de perder la contienda electoral rumbo a la presidencia de Bolivia, Pumari estuvo a punto de ser agredido en Potosí, ya que los pobladores lo calificaron como traidor y oportunista.

Su discurso de defensa de la democracia y del voto se desmoronó al presentarse como candidato presidencial.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

La Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro, fue uno de los principales protagonistas para consolidar el golpe en Bolivia, incentivando a la violencia y generalizando todas las elecciones por un mínimo de actas que tenían algún error, lo que fue utilizado por la oposición para consolidar el discurso de supuesto fraude, convulsionando al país y rechazando los resultados oficiales de las elecciones.

El informe que presenta la OEA señala que revisó “una muestra” de 4.692 actas y que identificó “226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”. (Página 4).

Del hallazgo de las 226 actas con supuestas irregularidades, la OEA juzga que ha encontrado un patrón que puede aplicarse a todas las mesas electorales del país: “Por el patrón encontrado, un estudio que abarcara un porcentaje mayor de actas, sin duda detectaría un mayor número de falsificaciones, adulteraciones y manipulaciones”. (Página 9).

Para llegar a la conclusión de que existió un “patrón” de adulteraciones y manipulaciones, la “muestra” estadística debe ser científica y representativa de un universo de más de 34 mil actas. Sin embargo, la OEA solo seleccionó 226 actas de sitios donde el MAS históricamente logró una amplia mayoría de votos.

El Informe de la OEA fundamenta sus observaciones en el reporte de la empresa auditora ETHICAL HACKING, en el cual se determina que los resultados electorales debían ser anulados debido a irregularidades, “no podemos dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”, afirma la compañía auditora.

Sin embargo, el artículo 173 de la Ley 026 del Régimen Electoral declara que ni las misiones de la OEA ni las empresas informáticas tienen atribución de revisar el escrutinio de los votos, ya que las decisiones del Jurado Electoral son “definitivas e irrevisables”: Desconociendo el “motín policial”, las violentas movilizaciones convocadas por los cívicos y los partidos de oposición, la OEA atribuye el ataque y la quema de las cortes departamentales y la ausencia de personal policial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Gobierno de entonces.

 El acuerdo suscrito entre al Gobierno boliviano y la OEA para la auditoría a las elecciones de 2019 consistía en que el Informe Final debía entregarse al Ejecutivo boliviano el martes 12 de noviembre de 2019.

El jueves 7 de noviembre de 2019, el jefe de gabinete de Luis Almagro se comunica con el excanciller Diego Pary Rodríguez para hacerle saber que no podrán entregar el Informe en la fecha establecida.

Sin embargo, a las cinco de la mañana del domingo 10 de noviembre de 2019, a través de su cuenta de Twitter, Luis Almagro hace público el Informe de la OEA que desatará el infierno.

La decisión de publicar el Informe sorprendió incluso a los auditores de la OEA, que quedaron varados en medio de las acciones violentas de los grupos de oposición.

El 10 de noviembre de 2019, con las guarniciones policiales y militares en abierto desacato, los grupos violentos se apoderaron de las calles. Era el momento preciso para terminar de incendiar la democracia boliviana.

CARLOS MESA

Luego de su presentación en octubre de 2018 en su canal de YouTube, el expresidente Carlos Mesa inició una campaña electoral bajo los cimientos de un posible fraude electoral que al final no logró posesionarlo como presidente de Bolivia un año después (2019), sino al contrario generó con sus aliados políticos una etapa sombría en medio de violentos enfrentamientos que dieron lugar al fallecimiento de más de 36 personas en las masacres registradas en Senkata, Sacaba y otras regiones del país.

El candidato Carlos Mesa, en una entrevista en fecha 9 de octubre de 2019 con el canal alemán DW, manifestaba que no estaba dispuesto a reconocer una eventual victoria de su oponente mayor, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que planteaba como contrincantes al expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones presidenciales.

“Temo, porque el presidente no tiene en su cabeza la idea de que vivimos en democracia ni de que puede perder. Lo que fue una realidad hace ocho años no es una realidad hoy. Mis temores y mi evidencia de que el fraude se está consumando ahora me habilitan en el escepticismo”, manifestó al medio internacional.

 El expresidente Carlos Mesa declaró el 19 de octubre a la agencia de noticias AFP que el Tribunal Electoral demostró una clara parcialidad hacia la candidatura del MAS, por lo que era probable que se intente afectar el resultado de la votación, especialmente en áreas rurales y en algunas ciudades del exterior.

El 21 de octubre de ese año, el candidato de la oposición y expresidente de Bolivia en un cabildo en San Francisco instó a los comités cívicos, partidos políticos y al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) a movilizarse para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se anuncien los resultados definitivos de los comicios generales.

Asimismo, convocó a la población a rebelarse contra el llamado fraude, asegurando que “Voy a ser presidente o voy a la cárcel”, relató la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales e indicó que él fue quien estimuló el golpe de Estado junto a otros golpistas como Luis Fernando Camacho, excívico cruceño.

Develó que Mesa propuso que la entonces senadora Jeanine Añez asuma la presidencia de facto. Relató que la tarde del 10 de noviembre, en la Universidad Católica Boliviana (UCB), Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Jerjes Justiniano, monseñor Eugenio Escarpellini y León de la Torre, de la Unión Europea, intentaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS) una salida constitucional, la misma que no prosperó porque ya tenían definido que Añez sería la presidenta, consolidándose así el golpe de Estado.

MILITARES Y POLICÍAS

Luego de las elecciones generales de 2019 hubo varias movilizaciones en el país por parte de ciudadanos que denunciaban un presunto fraude electoral y a pesar de que el Ejecutivo trataba de contener la violencia, policías y militares le dieron la espalda al Gobierno una vez que lograron acuerdos con dirigentes cívicos, políticos y empresarios que vieron su gran oportunidad de sacar del poder a Evo Morales por la fuerza.

Los policías se amotinaron el 8 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Evo Morales, dejando sin resguardo las instituciones públicas y privadas, así como otros espacios donde la violencia se acrecentaba, mientras que los militares se insubordinaron paulatinamente. Ambas instituciones, llamadas a defender a la ciudadanía y los intereses del Estado, olvidaron su rol y su misión constitucional, sumándose a los grupos golpistas.

MOTÍN POLICIAL

La tarde del 8 de noviembre de 2019, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba fue la primera en amotinarse y le siguieron sus camaradas de Santa Cruz y Chuquisaca.

Varios uniformados con los rostros cubiertos con pasamontañas se subieron al techo, ondearon la tricolor nacional y aseguraron que era un motín policial. Más tarde, esta determinación fue replicada en otras unidades policiales del interior.

El caos comenzó a reinar en todo el país, puesto que los movilizados que exigían la renuncia de Morales empezaron a cometer una serie de actos vandálicos

 PEDIDO DE RENUNCIA

A pesar de que la Policía y las Fuerzas Armadas no deliberan ni hacen política, el entonces comandante de la institución del orden, general Vladimir Calderón, a nombre de los más de 40 mil efectivos, sugirió la renuncia de Morales, con la excusa de pacificar el país.

 “Nos sumamos (los policías) al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, fueron las declaraciones de Calderón, horas antes de que Morales dimitiera a su cargo.

 La Policía había tomado la decisión política de sacar a Evo Morales.

DIERON PROTECCIÓN A CAMACHO Y PUMARI

El 10 de noviembre en la tarde, luego de la renuncia de Morales, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron a las instalaciones de la UTOP en La Paz.

Como si se tratara de celebridades, aunque ellos se consideraban los elegidos por el pueblo para dirigir los destinos del país, fueron escoltados por los uniformados, quienes no dudaban en abrazarlos.

IGLESIA CATÓLICA

Una de las muestras más claras es la poca participación de la Iglesia durante los conflictos de 2019, pues su silencio para que cese la confrontación y la violencia en el país estuvo fuertemente marcado por un ausentismo que los familiares de las víctimas lo reflejaron en los medios de comunicación, después de recuperar la democracia de un régimen golpista como fue el de Jeanine Añez.

Luego de estos cuestionamientos y las revelaciones que hicieran desde la misma exsenadora Jeanine Añez y los partidos de derecha en sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público días previos al golpe de Estado y una sucesión que vulneró la propia Constitución Política del Estado y los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los miembros de la Iglesia Católica salieron a la luz pública con la necesidad de que “se conozca la verdad” y “se reconstruya la unidad nacional”.

En fecha 16 de junio, miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentaron un informe titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre 2019 – Enero 2020, que da detalles de lo sucedido en aquellas jornadas de tensión poselectoral, documento que fue enviado al Vaticano, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos internacionales.

La defensora del pueblo Nadia Cruz dijo que la Iglesia Católica mintió respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019, porque en su informe se afirmaba que las masacres de Sacaba y Senkata fueron enfrentamientos y “eso nos parece algo para denostar, para repudiar porque no solamente es mentira esta afirmación, sino que es atentatoria contra la dignidad de los hombres que fueron asesinados”.

 Otro de los cuestionamientos surgió con base en las denuncias de golpe de Estado en el que revela varios detalles de las negociaciones de pacificación que sostuvieron en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Vía Ahora el PUEBLO

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