El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, exigió este martes celeridad en el proceso judicial contra cuatro integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), acusados de atentar contra la seguridad interna del país, destruir bienes del Estado y una serie de vejámenes cometidos durante el régimen de Jeanine Áñez.
“La acusación que se ha hecho la aplaudimos y pedimos más bien celeridad para que este caso llegue a su conclusión. Quienes han cometido delitos, quienes han cometido errores, han violado nuestras normativas, tienen que ser sancionados”, declaró el legislador.
En un comunicado reciente, el Ministerio de Gobierno informó que Yassir Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta fueron notificados con las acusaciones para que el 6 de junio presenten sus pruebas de descargo en el inicio de un juicio oral público.
La organización Creemos de Luis Fernando Camacho calificó la medida como un acto de supuesta persecución política y llamó a defender a los miembros de la RCJ. No tardó el Gobierno en cuestionar esta postura de defensa de un “grupo irregular” que emergió en un momento de “ruptura constitucional” y crisis política.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, destacó las acciones del Gobierno que da cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes para desmantelar a la resistencia cochala.
En ese contexto, Arispe recordó que la población cochabambina se vio asediada por estas personas que, “de manera irregular se armaron” y provocaron zozobra.
“De acuerdo a la responsabilidad que tienen, deben ser sancionados. Si el castigo es la cárcel, tiene que ser (…), para que en otra no vuelva a ocurrir. Se tiene que sancionar a los autores intelectuales y los materiales”, declaró.
ABI