A dos años del hecho, el caso respiradores sigue estancado

Pese a que hay ocho imputados, 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas, el caso por el proceso de adquisición de respiradores con sobreprecio, durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, se encuentra estancado hace dos años.

Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron en 2020 y fueron distribuidos en hospitales del país, hasta que se conoció que su precio era exorbitante.

Añez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27 mil cada uno, cuando los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.

En medio del escándalo por la compra de respiradores con sobreprecio para combatir la pandemia del Covid-19 y cientos de fallecidos por falta de esas máquinas, el ministro de Salud de Añez, Marcelo Navajas, fue destituido el miércoles 20 de mayo de 2020 y luego capturado por la fuerza pública.

Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país apenas unos días antes, en un vuelo procedente de España, y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.

Por otra parte, los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran de terapia intensiva, sino de asistencia en emergencias y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de Covid-19.

El modelo que adquirió Bolivia era básico, así que la empresa y los intermediarios ofrecieron cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país y esto despertó más sospechas.

El gobierno de Jeanine Añez bautizado como de “transición”, enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.

ACUSACIÓN

En enero de este año, la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investigó el caso Respiradores Españoles, presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la marca Respira Device de origen español.

Entre los acusados, todos ellos libres, figuran exfuncionarios del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y dos personas particulares.

La acusación formal fue presentada contra del exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector Ejecutivo de la Aisem, Giovanni Pachecho Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana Fernanda Espinoza Morejón; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos; el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando José Arias Alzerreca y Luis Fernando Humérez Ortiz, quien habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

PRUEBAS

El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.

Entre las pruebas de cargo figuran el dictamen pericial de auditoría forense que identificó las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores pulmonares, informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor.

ABI

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