Las investigaciones en el marco del caso Golpe de Estado I identificaron a un grupo de personas que podrían ser las financiadoras de ese suceso, toda vez que se descubrió que pagaron el hospedaje de al menos 50 personas que llegaron a La Paz para interrumpir el orden constitucional en noviembre de 2019, informó hoy el periódico estatal, Ahora El Pueblo.
Fuentes allegadas a la investigación de este caso revelaron que luego del secuestro del libro de registro de huéspedes del hotel Casa Grande se estableció que un grupo de personas, que pagó la estadía de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, en realidad solventó el hospedaje de un total de 50 personas, entre ellos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
“Se ha detectado un modus operandi en el libro de registro de huéspedes, justamente para no llamar la atención. Se registraron personas cuya cuenta fue cancelada por un tercero, que a su vez se hizo cargo de los gastos de otras dos o tres personas”, detalló la fuente, a condición de anonimato.
La fuente también reveló que entre los denominados financiadores se encuentran personas cuya residencia se encuentra en Santa Cruz.
El abogado de la denunciante, la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina, corroboró que además del hospedaje de Camacho y Pumari los financiadores pagaron las cuentas de otras personas, entre ellas el exministro de Defensa, Fernando López Julio, y miembros de la UCJ, aunque no quiso precisar números para no obstaculizar la investigación y evitar que estas personas se pongan a buen recaudo.
Nina indicó que además del secuestro del libro de registro de huéspedes, la Fiscalía se llevó las cámaras de vigilancia del alojamiento. Anunció que las personas identificadas serán convocadas para que rindan su declaración y pedirán la emisión de una alerta migratoria para evitar que salgan del país.
El jurista adelantó que el grupo de financiadores está integrado por personas de nacionalidad boliviana y que entre ellas se encuentra un expolítico, pero evitó identificar de dónde proviene.
La Comisión de Fiscales intervino en el hotel Casa Grande, en la zona Sur de La Paz, para obtener indicios sobre la estancia de Camacho, Pumari y otros actores políticos durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019.
Ambos excívicos, además de dirigentes y actores políticos, se reunieron en este hotel con la exsenadora Jeanine Añez y se presume que este lugar era usado como un centro de operaciones para gestar la ruptura constitucional de 2019.
Nina adelantó que las personas que pagaron esas estadías serán convocadas en calidad de testigos para que expliquen por qué corrieron con esos gastos y dijo que será el Ministerio Público el que determine su grado de responsabilidad.
El abogado recordó que los imputados en este caso, entre ellos Jeanine Áñez, son procesados por el delito de terrorismo y conspiración.