Fiscalía tiene 84 pruebas y pide ocho años de cárcel para implicados en la paralización de la planta de Bulo Bulo

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, informó el lunes que en el marco de las investigaciones del caso denominado YPFB – Bulo Bulo la comisión de fiscales cuenta con más de 11 pruebas testificales y 76 pruebas documentales, por lo que ahora se pide ocho años de cárcel en contra de seis implicados.

“El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas y además se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoria forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que concentre el total del daño económico causado al Estado entre otros elementos probatorios”, señaló Barrientos en conferencia de prensa. 

Según las indagaciones del Ministerio Público, la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco durante el régimen de Jeanine Áñez, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, causó un daño económico de más de $us 8 millones debido a la falta de producción, mantenimiento de equipos dañados, servicios de repuestos, personal, entre otros.

La comisión de fiscales ahora solicita la pena máxima con privación de libertad, por 8 años, más el incremento que se determine por agravantes en el caso.

La acusación formal presentada a la autoridad jurisdiccional, es contra del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; el expresidente de YPFB, Herland Javier Soliz, ambos declarados en rebeldía. Asimismo, en este caso están sindicados los exfuncionarios de YPFB como  el exvicepresidente Nacional de Operaciones, Jorge Roberto B.; exgerente de Industrialización, Oscar Alberto B.; exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel S. V., y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea, Ivert F. O.

Los sindicados deberán responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados en el Código Penal, por lo que se pide cárcel.

Ahora, la Fiscalía está a la espera de señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional.

ABI

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