De acuerdo al portal del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de Ley de Asignaciones Económicas, en el cual de manera expresa se otorga al Departamento de Estado el plazo de 120 días para presentar ante los Comités de Asignaciones del Congreso un informe sobre la transparencia de las elecciones de 2019 en Bolivia y el rol de la Secretaría General de la OEA, mediante expertos internacionales e independientes, así como sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país durante este tiempo.
“A más tardar 120 días después de la promulgación de la Ley, el Secretario de Estado deberá presentar un informe a los Comités de Asignaciones evaluando: 1) La transparencia y legitimidad de las elecciones generales de Bolivia de 2019 mediante la solicitud de información de expertos independientes reconocidos internacionalmente y 2) El avance en las investigaciones de responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante este periodo” reza textualmente la norma promulgada por el gobierno norteamericano, según cita el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, mediante su cuenta de Facebook.
Bolivia a través de su Representación Permanente ante la OEA viene realizando una serie de acciones e intervenciones a partir de julio de 2021 con miras al definitivo esclarecimiento de los hechos juntamente con instituciones y centros académicos que al igual que nuestro país buscan la verdad.
En ese contexto, Arce recordó que hasta el momento ya se han solicitado en 10 oportunidades toda la documentación referente al proceso de supuesta auditoría electoral de las elecciones de 2019; también realizó un evento internacional con la presencia de grandes expertos y académicos de las mejores universidades americanas y centros especializados de fama mundial, que justamente observaron en más de media docena de informes y estudios independientes las erróneas y forzadas conclusiones de la Secretaría General de la OEA, que en un nefasto e ilegal informe publicado la madrugada del domingo 10 de noviembre de 2019, causó el quiebre constitucional y la interrupción de la democracia en Bolivia.
Dicho informe preliminar y el informe definitivo que fue publicado el 4 de diciembre de 2019, cuando la democracia boliviana había sido ya totalmente destruida, sugería falsamente que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 habría existido una “manipulación dolosa de los resultados electorales destinados a manipular la voluntad popular”.
Después de más de dos años de dichas elecciones generales, las investigaciones nacionales e internacionales concluyeron en la absoluta falsedad de estas afirmaciones, que sin embargo provocaron el golpe de Estado en Bolivia, sendas violaciones a los Derechos Humanos y lo peor, la pérdida de 38 vidas humanas en diferentes masacres y hechos de violencia estatal durante el gobierno de facto, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes formado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La Secretaría General de la Organización y particularmente la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia han negado dar información, no han asistido a los eventos organizados en la propia Organización y han sostenido tozudamente que este sería un tema cerrado. Al presente es el Congreso de los Estados Unidos quien le dice a Luis Almagro Lemes que el tema está muy lejos de ser cerrado, que amerita una investigación independiente a cargo de expertos independientes reconocidos internacionalmente”, señala el comunicado de la Representación de Bolivia ante la OEA.
Alex Main, director de Política Internacional (CEPR), sostuvo que “esta es la última señal de que los miembros del Congreso de los Estados Unidos no van a dejar pasar esto, y están decididos a responsabilizar al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y a otros altos funcionarios de la OEA por promover repetidamente falsas acusaciones de fraude en las elecciones de Bolivia de 2019, lo que alimentó una crisis política que culminó en un golpe (de Estado) seguido de numerosas violaciones violentas de los derechos humanos por parte del gobierno golpista”.
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