Acciones de la Resistencia Juvenil Cochala
El 29 de octubre se registró por primera vez la participación de la RJC en los enfrentamientos, aunque el grupo se estaba organizando por lo menos desde el día 22 de octubre. La RJC fue parte de los enfrentamientos en el puente Muyurina en apoyo de los bloqueadores, también participó en la quema del cerro San Pedro.
Ese mismo día, un canal nacional de televisión exhibió un video en las noticias, que además circuló ampliamente en redes sociales, que muestra a integrantes de la RJC golpeando a dos mujeres de pollera. El evento fue grabado en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo. Pese a la violencia sistemática en esa fecha, la RJC se presentó a sí misma como una fuerza pacífica.
Agresión a la alcaldesa Patricia Arce
María Patricia Arce Guzmán era la alcaldesa de Vinto, en Cochabamba. El 6 de noviembre en la tarde, la Alcaldía fue atacada por un grupo de aproximadamente 300 personas que lanzaron palos, piedras y otros objetos contundentes contra el frontis del edificio y rompieron cámaras de seguridad y ventanas. Arce fue interceptada en el camino por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla. Perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo mientras era agredida. Casi en Quillacollo apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales.
Actos de violencia sexual
Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió toques sexuales en la EPI 3, donde policías le apretaron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían “bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS”. Más tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse y ella pensó que la iban a violar debido a que ya la habían amenazado con hacerlo. Debe destacarse que esta víctima fue detenida cuando buscaba a sus familiares que habían sido retenidos por civiles, y al llegar la policía en ese momento ella también fue detenida.
La mujer relató que los uniformados incluso se turnaban para agredirla física y psicológicamente y que en todo momento le decían que le podían pasar cosas peores.
Embarazada agredida y apresada
Una mujer embarazada de algunas semanas fue agredida. Si bien no está claro si los policías sabían su estado, durante su custodia la golpearon en el estómago y la espalda. Le hicieron toques eléctricos en la espalda y no recibió agua ni comida durante los tres días que estuvo en las celdas judiciales, donde sentía mucho frío. La víctima fue transferida a la cárcel de Obrajes y permaneció detenida durante cuatro meses. Debido a los tratos que recibió, como ser obligada a cargar cosas pesadas, temía sufrir un aborto.
Sino antes, durante este periodo, las autoridades médicas de la cárcel debieron haber tenido conocimiento de su embarazo. Por lo tanto, también fue objeto de violencia reproductiva durante varios meses. De hecho, el artículo 232, del Código de Procedimiento Penal dispone que no procede la detención preventiva cuando se trate de mujeres embarazadas.
Mujeres apresadas en Sacaba
El 15 de noviembre de 2019, detuvieron a varios hombres y mujeres en Sacaba. Testigos mencionan que separaron a las mujeres de los hombres. Una de las mujeres detenidas en Sacaba el 15 de noviembre declaró que la arrestaron a ella y a dos compañeras que estaban en el puente Huayllani, intentando cruzar. Ellas y varias otras mujeres —incluso mujeres de edad y por lo menos una mujer embarazada de ocho meses— fueron llevadas a la UTOP y mantenidas en una cancha de fútbol donde fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban “pelotudas” y les decían: “¿No podían estar cocinando en sus casas?”, “¿no pueden estar velando sus crías?” y “¿ven?, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…”, “¿cuánto les ha pagado el pedófilo ése?, ¿qué les ha dado su macho ése?”. La misma testigo dice que las tenían enjauladas sin agua ni comida.
Asalto a la casa del familiar de un dirigente
Marco Antonio Borda Belzu declaró que el 10 de noviembre de 2019 un grupo de personas ingresó por la fuerza a su casa, lo golpearon en varias partes del cuerpo, incluso en sus genitales y nalgas, le taparon la boca, lo desnudaron y le echaron gasolina. Durante estos abusos, le decían que llamara a su hermano Víctor Borda, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, para decirle que renuncie él y Evo Morales. Este hecho sucedió inmediatamente después de que habían ido a quemar la casa de su hermano Víctor.
El diputado Víctor Borda tuvo que renunciar a su cargo en el Legislativo para cuidar la vida de su hermano y la de sus demás familiares que sufrían agresiones y amenazas.
Violencia contra funcionarios
También fueron reportados insultos en contra de funcionarios. El delegado defensorial departamental de Cochabamba, Nelson Cox, según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 10 de diciembre de 2019, fue insultado por personas que intentaban impedir el ingreso a su oficina y lo llamaron “maricón” y “poco hombre”, entre otros insultos. Nelson Cox declaró al GIEI que cuando el coronel Zurita, comandante de la Policía valluna, le llamó para hablar de la masacre de Sacaba el 15 de noviembre, le dijo: “¿Cómo es maricón? ¡Cobarde! Ayer te he llamado para que vengas a negociar, se te ha fruncido tu culito y no has querido venir, eres un cobarde, maricón de mierda…”. Nelson Cox dijo al GIEI que desde ese día le han “bombardeado y destrozado” en las redes sociales, y le han amenazado a él y a su familia incluso en las calles.
Policía Boliviana
Los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan, de algún modo, la perspectiva de que la Policía actuó bajo la influencia de objetivos políticos. El motín policial que se inició el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos del país, fue sin duda un factor relevante tanto porque ocurrió justo cuando la espiral de violencia se ampliaba, lo que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis, como porque en la lista de reivindicaciones incluyó la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. Además el amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia.
Fuerzas Armadas
Las situaciones de protesta social no pueden ser consideradas de alto peligro y tampoco un conflicto armado, por lo que se evalúa que la movilización de las Fuerzas Armadas para participar en actividades de represión a grupos que se manifestaban, aunque con alguna violencia, es desproporcionada. De este modo, si bien el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de estructuras esenciales del Estado puede ser justificada por el rebasamiento de la Policía, no se justifica su empleo para contener excesos o abusos de protestas sociales.