Durante el régimen de Jeanine Áñez, 11 derechos fundamentales fueron vulnerados en 2019. Así lo confirmó el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
“La información recabada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato permite concluir que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos atribuibles a agentes estatales, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento del equipo internacional.
El informe indica que se vulneraron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación; el derecho a la no discriminación, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; el derecho a la salud; el derecho a la propiedad y derecho al trabajo.
“En distintas localidades, el GIEI documentó, además, actos de violencia cometidos tanto por particulares en enfrentamientos entre personas afines a distintos movimientos políticos como por autores desconocidos”, añade el documento.
El informe es el resultado de más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que han sido objeto de revisión y más 360 entrevistas individuales.
El GIEI – Bolivia mantuvo reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre otros.
De los derechos vulnerados a los que hace referencia el documento, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la honra y de la dignidad, el derecho de reunión, el derecho a libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la propiedad y el derecho a las garantías judiciales son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
La información recabada por el GIEI-Bolivia durante su mandato permite concluir en su informe que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos atribuibles a agentes estatales, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Así se estableció que ocurrieron masacres en la zona de Senkata en la ciudad de El Alto y en la zona de Huayllani en el municipio de Sacaba.
ABI