Relator Diego García-Sayán concluye visita a Bolivia con nueve observaciones preliminares a la situación de la justicia

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, concluyó su visita a Bolivia esta jornada con la presentación de un informe que incluye nueve observaciones esenciales y preliminares de la situación de la justicia.

“Esta presentación, para de alguna manera resumir la esencia de los elementos que he sacado de la visita, la voy a traducir en nueve aspectos esenciales que salen como conclusiones preliminares después de esta semana de trabajo intenso aquí en Bolivia”, dijo en conferencia de prensa.

Las nueve observaciones están relacionadas a: la justicia está lejos de la gente; mujeres y acceso a la justicia; la justicia indígena; privados de libertad; estructura y gestión del Órgano Judicial; carrera judicial y jueces transitorios; Ministerio Público; graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019 y las reformas constitucionales e institucionales.

“Esta visita empezó la semana pasada. En el curso de ella, he tenido reuniones de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo, del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo, sectores y actores políticos, organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y muchas organizaciones de la sociedad civil”, informó.

Aseguró que el propósito de su visita no fue llegar a Bolivia a tomar posición a favor de causas de determinadas personas o en contra de otras, sino a examinar la situación de la justicia. Dijo que analizó cuáles son las restricciones que hay para un adecuado acceso y funcionamiento independiente del sistema judicial para luego establecer recomendaciones.

El informe preliminar

El informe de observaciones preliminares presentado por el relator en esta jornada indica, en relación a la primera conclusión que “la justicia está lejos de la gente”.

“Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres. Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos”, se lee en informe.

Sobre el caso de mujeres y acceso a la justicia, el informe da a conocer que es de preocupación el hecho de que existan 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021, es decir, un promedio de uno cada tres días y medio.

“Sólo el 31% de los casos ha obtenido una sentencia. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de este informe en 2022 hasta el 17 de febrero ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación para determinar si se trató de feminicidio”, se lee en el documento.

Sobre la justicia indígena, explicó que la norma constitucional pauta un claro principio de afirmación sobre este tema y el establecimiento de obligatoriedad de acatar las decisiones de la jurisdicción indígena y la del Estado de promover y fortalecerla

“Los mecanismos de ‘coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas’ referidos en la Constitución, debían regularse y precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional”, asevera en el documento de observaciones preliminares.

Otro punto de preocupación para el relator es la situación de las personas privadas de libertad íntimamente ligada al desempeño de la justicia.

“Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas. No obstante, la población asciende a 18.703 personas lo que supone tasas de hacinamiento del 349.8%. Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena (sic)”, observó.

En cuanto a la estructura y gestión del Órgano Judicial, aseveró que esta institución sigue limitada principalmente al área urbana. Hizo énfasis en el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se destaca que 2020 se contaba con 1.095 jueces, con un promedio de 530 causas por juez.

Respecto a la carrera judicial y jueces transitorios, señaló: “Según datos presentados en 2020, solo el 44% de jueces son de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500 de acuerdo a la información recibida, es otro componente crítico generador de inestabilidad y que no alienta una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura”.

“Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública”, dijo en referencia a la labor de la Fiscalía.

Sobre las graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019, dijo que es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas. Me uno a las recomendaciones ya hechas al Ministerio Público sobre llevar a cabo investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Que se garantice la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”, indicó.

Como noveno punto, dijo que, en cuanto a la reforma constitucional, en su visita recogió distintas iniciativas y sugerencias que contribuirán a enriquecer los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales.

“Una de las opciones apuntaría a fortalecer la fase de la pre- selección de candidatos/as, sobre los que votaría la asamblea legislativa en virtud del artículo 158 de la Constitución, sobre propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo. Con ese filtro, más plural y participativo, se estima que el voto popular que luego vendría en concordancia con lo establecido en el artículo constitucional 182.I podría traducirse en una selección más meritoria y plural. Este asunto será materia de mayor desarrollo en el informe final”, resaltó.

ABI

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