Auditoría establece que Arias usó aviones estatales con fines particulares, hay Bs 138.662 de daño al Estado

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, denunció este viernes que Iván Arias, junto a otras seis personas, incurrieron en tres delitos: daño económico al Estado, uso indebido de bienes y servicios públicos y conducta antieconómica por la suma de Bs 138.662 cuando fue ministro de Obras Públicas durante del régimen de Jeanine Áñez.

“De acuerdo al trabajo de auditoría que se ha realizado es que, el señor Iván Arias (…) utilizó aviones para trasladarse desde la ciudad de La Paz, hacia otros departamentos, sin que sean las tareas específicas del exministro de Obras Públicas, Iván Arias”, denunció Montaño.

Según la autoridad, entre los implicados están: Ángel R. C.,  Virginia A., Marlen A., Julio L., y Doris A., quienes presuntamente habrían incurrido en los delitos de daño económico al Estado; uso indebido de bienes y servicios públicos y conducta antieconómica.

La autoridad aseveró que, en la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, se evidenció que Arias y sus funcionarios solicitaron mediante nota al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la respectiva cotización para operación de vuelo, sin embargo, la nota no incluía el detalle, ni número de personas a ser desplazadas en el vuelo.

“El informe de la Contraloría señala claramente que se vieron temas incluso particulares y se ha detectado que la nave de la DGAC ha sido utilizada por personas particulares, obviamente con la autorización del exministro. Tenemos el informe de la Contraloría, nada de esto es persecución política”, detalló.

Lamentó que políticos de derecha hayan ocasionado el golpe de Estado con el objetivo de dañar económicamente al país y aprovechando los cargos públicos para robar a las y los bolivianos.

El 17 de febrero, Arias debía prestar su declaración informativa en calidad de sindicado ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y uso indebido de bienes y servicios públicos, sin embargo, no se presentó. Según el fiscal departamental, William Alave, su defensa presentó un memorial.

“Entiendo que ha presentado un memorial debidamente justificado”, indicó Alave.

ABI

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