Dos militares admiten su culpa en el golpe de Estado

Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada Boliviana, solicitaron al Ministerio Público un proceso abreviado por el caso Golpe de Estado II, lo que representa una admisión de culpa y responsabilidad, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Después de la postergación de la audiencia de instalación del juicio oral por el caso denominado Golpe de Estado II, el titular de Justicia dio a conocer la decisión asumida por los dos excomandantes de las Fuerzas Armadas.

“Hay dos personas, Jarjury y Terceros, que le pidieron a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado; esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, declaró.

Agregó que ambos uniformados “reconocieron ya y presentaron por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado, esta es una noticia importante para el país”.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el general Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Añez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.

En tanto, el almirante Jarjury fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Añez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo mediante el voto popular en las urnas.

Ambos, al igual que los otros siete procesados, son acusados de la presumible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público, luego de la renuncia del presidente Evo Morales —el 10 de noviembre de 2019— la cúpula militar activó un operativo para resguardar la llegada de la entonces senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez, a la ciudad de La Paz para que el 12 del mismo mes se acompañe la autoproclamación como presidenta y el posterior colocado de la banda presidencial y entregarle el bastón de mando.

Lima anticipó que, a mediados de marzo, podría iniciarse el juicio contra la exmandataria y los ocho militares que son parte del proceso, en ese plazo ya se podría tener las primeras sentencias condenatorias contra los excomandantes de la Armada y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

“Es posible que a mediados de marzo retomemos la audiencia ya sin ningún defecto procesal y probablemente con algunas personas que tengan sentencia condenatoria, Jarjury y Terceros, que pidieron la aplicación de ese procedimiento”, precisó la autoridad gubernamental.

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, Terceros y Jarjury admitieron su responsabilidad y dijeron que su único error fue obedecer las órdenes de Williams Kaliman.

se complica la situación de añez

La solicitud de los dos excomandantes de las FFAA es una admisión de culpabilidad por sus actos en 2019, dijo el abogado y analista Israel Quino.

De forma separada, el también analista Carlos Saavedra indicó que la solicitud de los exjefes militares complica la situación jurídica de Jeanine Añez, ya que los uniformados se encuentran dentro del mismo proceso judicial.

“Definitivamente este es un hecho jurídico que va a complicar la situación de Jeanine porque no se trata de cualquier persona, se trata de dos actores que son centrales y que están implicados en el mismo caso denominado Golpe de Estado II”, expresó Saavedra en radio Laser.

El hecho de que los exmilitares asumieron ciertas responsabilidades termina generando un otro contexto en lo posterior para lo que vaya a ser el juicio oral de Jeanine Añez, indicó.

Al respecto, Quino explicó que la solicitud de los excomandantes de acogerse a un juicio abreviado significa que “están asumiendo la culpabilidad de los delitos por los cuales se los está acusando”.

“Al asumir una responsabilidad penal por estos hechos, la tesis del Ministerio Público está cada vez más fortalecida sobre los ilícitos que se cometieron en Bolivia”, manifestó Quino.

“Esta solicitud de procedimiento abreviado implica que ellos están asumiendo responsabilidad en lo que pasó en 2019 y definitivamente este no es un hecho aislado, sino que va a generar consecuencias jurídicas y políticas”, concluyó Saavedra.

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