Avanza plan para desestructurar grupos paraestatales que causaron violencia y racismo en 2019

En cumplimiento a recomendaciones internacionales, están en curso al menos 106 procesos judiciales contra integrantes de grupos parapoliciales y paramilitares que actuaron con violencia y racismo en 2019, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que la prioridad en esta coyuntura está centrada en los grupos que operaron en Cochabamba, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) pero luego se recibirán testimonios de víctimas de la Unión Juvenil Cruceñista para después iniciar procesos penales.

Ese tipo de organizaciones irregulares también fueron detectadas en Potosí y La Paz, informó la autoridad, quien dijo que esa desestructuración de esos grupos parapoliciales y paramilitares, se impulsa a solicitud de instancias internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Comité de lucha contra la tortura de la ONU.

“Se ha logrado que tengamos una planificación, un plan inmediato de desestructuración y desarticulación que inicialmente lo estamos desarrollando en Cochabamba, digo inicialmente por que también se ha identificado no solamente a la Resistencia Juvenil Cochala, sino a la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz”, indicó.

“Un segundo momento se va a desarrollar en Santa Cruz, entretanto tenemos nosotros mayor nivel de avance en Cochabamba. Hay casos aperturados en su momento contra miembros de esta organización criminal”, manifestó.

Explicó que, hasta le fecha “tenemos más de 106 casos que han sido concentrados que lleva adelante el Ministerio Público en   Cochabamba, adicionalmente del proceso instaurado en la Fiscalía de Chuquisaca”.

El informe del GIEI recomendó al Estado boliviano la desestructuración de esos grupos paraestatales que generaron violencia, racismo y vulneración a los derechos humanos en 2019, muchas veces en coordinación con autoridades y uniformados que operaron en ese año.  

“Es fundamental que el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad. La constitución de grupos paraestatales de seguridad en contextos de crisis es no solo ilegal sino altamente riesgosa”, indicó la instancia internacional.

Según denuncias de organizaciones sindicales, en 2019, integrantes de la RJC, varias mujeres “fueron agredidas por miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en su mayoría hombres, en motocicletas, quienes las acorralaron y las golpearon. Esa tarde, buses y ‘movillidades’ que trasladaban a participantes de la concentración de vuelta al Chapare fueron atacados en el sector de la Laguna Alalay por miembros de la RJC. Un gran número de jóvenes en motocicletas rodearon los buses y obligaron a bajar a las y los manifestantes, golpeando a muchos de ellos. Ese mismo día, mujeres integrantes de la Federación Bartolina Sisa fueron agredidas por integran[1]tes de la RJC en el Puente Huayculi, en Quillacollo, mientras se dirigían, junto con otras organizaciones, a la concentración en el centro de Cochabamba. Los integrantes de la RJC llegaron al puente en motos y armados con palos y bazucas artesanales, para apoyar un bloqueo realizado por manifestantes que respondían al llamado al paro cívico”, indica el informe del GIEI.

Cox añadió que esos grupos paraestatales también operaron en Potosí y La Paz, aunque sin nombres genéricos determinados.

ABI

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