Defensoría lamenta que a dos años de las masacres de Senkata y Sacaba no existan avances en la justicia

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este viernes que a dos años de las masacres de Senkata y Sacaba, durante el régimen de Jeanine Áñez, no existan avances en las investigaciones para esclarecer estos hechos luctuosos ocurridos tras el conflicto poselectoral de 2019.

“Lamentamos la falta de diligencia de la justicia boliviana, que a dos años de las masacres de Senkata y Sacaba, aún mantiene ambos casos en etapa preparatoria. Las víctimas y sus familiares aún demandan justicia y reparación. Como Defensoría del Pueblo, exhortamos a acelerar dichos procesos con el fin de establecer responsabilidades y sanciones, a fin de que esos delitos de lesa humanidad no vuelvan a repetirse en el país”, señaló la Defensora.

Según un reporte institucional, la Defensora reiteró la demanda de justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Además, lamentó el lento accionar de la justicia.

En el caso de Senkata, el proceso judicial se encuentra en etapa preparatoria con imputación formal en contra de los autores por los delitos de asesinato y lesiones graves y leves. Detalló que seis personas se encuentran detenidas, entre policías y militares.

En Sacaba indicó que el proceso judicial se encuentra en etapa preparatoria y con presentación de imputación formal contra Alfredo Cuéllar y otros por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

La Defensora recordó que el 19 de noviembre de 2019 se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, como consecuencia de la intervención de las fuerzas conjuntas integradas por la Policía y las Fuerzas Armadas, que dejó el saldo de 10 personas fallecidas. 

Cruz rememoró que el 15 de noviembre de 2019, el accionar de las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en Huayllani–Sacaba dejó el saldo de otras 10 personas fallecidas. Explicó que en ambos hechos resultaron heridas 184 personas: 124 en Sacaba y 60 en Senkata; y que 224 personas fueron detenidas: 223 en Cochabamba, y 1 en El Alto.

“Pedimos que se haga justicia. Ésta es una tarea pendiente del Estado boliviano. Consideramos que el avance de las investigaciones y, posteriormente, la determinación de las responsabilidades y sanciones será un paso para avanzar en la reconciliación entre bolivianos”, remarcó la Defensora.

ABI

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