A casi dos años del golpe de Estado, Camacho y cívicos cruceños vuelven a impulsar la desobediencia civil

La desobediencia civil fue una consigna en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019. A casi dos años de los hechos, los protagonistas de aquel entonces vuelven a impulsar acciones similares.

Los hechos más recientes son los sucedidos la mañana del viernes pasado, cuando se desarrollaban los actos protocolares por los 211 años de gesta libertaria de Santa Cruz. Ese escenario fue aprovechado por el gobernador cruceño Fernando Camacho para, con su discurso, dar por concluido el programa oficial en la plaza 24 de Septiembre sin dar oportunidad a la participación del presidente en ejercicio del país, David Choquehuanca, que se encontraba en el lugar.

La situación provocó malestar entre los presentes que cuestionaron el actuar de Camacho y en respuesta los simpatizantes del gobernador agraviaron la bandera de la wiphala que estaba en el lugar y en las ofrendas florales.

“Lo comprometí porque así debe ser. Hizo uso de nuestro alcalde municipal (Jhonny Fernández). Esta es fiesta cruceña y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso, el acto se da por cerrado”, dijo Camacho ese día.

Esa jornada, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, decidió dar la espalda y menospreciar a asambleístas electos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se acercaron para saludarlo y saludar a quienes se encontraban en el lugar.

En conferencia de prensa el lunes 27 de septiembre, el dirigente cívico aseguró que no se arrepentía de lo sucedido y que en su criterio sus actos deben ser considerados como parte de una protesta pacífica.

“El día viernes, en plena efeméride departamental, durante los actos cívicos de homenaje por nuestra gesta libertaria, durante el desarrollo de los actos protocolares organizados por la Gobernación, el vicepresidente David Choquehuanca procede a colocar en el mástil de la bandera boliviana la wiphala, que si bien es un símbolo nacional no representa a los cruceños y además a muchos bolivianos”, aseguró respecto a la wiphala.

“El izamiento de esta bandera en nuestra plaza principal no correspondía, lo que hizo el Gobierno central es una total falta de respeto y provocación”, sostuvo.

El parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y la wiphala son símbolos oficiales del Estado.

Los antecedentes 

La amenaza de la desobediencia civil fue lanzada por la oposición 16 días antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales organizó el encuentro en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios en caso de un presunto fraude.

El encuentro estaba dirigido por Luis Fernando Camacho, entonces Presidente del Comité pro Santa Cruz, quien asumió el cargo el 2 de febrero de 2019. En los registros de la institución cívica, califican las determinaciones del 4 de octubre como un hito histórico “para decidir y cumplir” y resultado de diferentes manifestaciones contra el Gobierno del MAS desde 2017.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones para el domingo 20 de octubre de 2019.

Tras el cierre de la votación, el TSE instaló las sesiones de sala plena permanente para iniciar el conteo de votos y poner en marcha el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), a modo de conteo rápido de resultados.

Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales lideraba la votación; pero, por ese momento, no alcanzaba la diferencia de votos de 10% necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta ante un segundo lugar ocupado por el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta (sic)”, se lee en el informe presentado el 17 de agosto pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Los sectores opositores, entre ellos Camacho y los cívicos cruceños, asumieron la paralización del conteo rápido como un argumento para desconocer los resultados oficiales y convocar a marchas, huelgas de hambre, cabildos y un paro cívico indefinido de 21 días que culminó con la renuncia de Evo Morales.

El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.

Ante esa situación, el 31 de octubre, un cabildo nacional convocado por movimientos opositores en La Paz exigió la renuncia de Morales, rechazó la segunda vuelta y convocó a la Policía y a las FFAA a sumarse a las protestas.

Lograron la adhesión de actores internacionales como la Organización de Estados Americanos que el 10 de noviembre de 2019 difundió un informe preliminar con el que denunciaba sin pruebas un caso de fraude.

Esas acusaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.

En complicidad con las FFAA y la Policía, la escalada de violencia produjo el 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó el escenario para instalarse en el Gobierno sin respaldo y aplicar un régimen de más violencia como en los casos de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

Agencia Boliviana de Información

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