RECOMENDACIONES DEL GIEI

El Grupo Independiente Especial de Expertos Internacionales (GIEI) realizó 38 recomendaciones que presentó en su informe de las investigaciones de los hechos luctuosos registrados entre septiembre y diciembre del 2019.

Las recomendaciones realizadas por los investigadores, busca evitar que nunca más se produzcan hechos de lesa humanidad como los registrados el 2019 den Huayllani, Senkata y otras regiones del país. Apunta además a que esos hechos de violencia no queden impunes.

La primera y quizá más importante es establecer un plan de resarcimiento y reparación integral a todas las víctimas de las masacres del 2019, y/o a sus familiares, crear un mecanismo que reconozca la violencia y violación de los derechos humanos.

Investigar efectiva, exhaustiva y diligentemente, los hechos que causaron víctimas fatales, heridos y personas perseguidas política y legalmente.

Recomiendan también resolver los grandes problemas de discriminación y racismo existentes en Bolivia y odio a los símbolos indígenas.

Erradicar las prácticas del abuso de la detención preventiva que se realiza sin ninguna orden judicial.

Que se respete el derecho a un debido proceso garantizando la presunción de inocencia, el respeto a la libre circulación, a la protesta y al disenso.

Que se eliminen las prácticas de tortura, violaciones sexuales en casos de tención de personas en situaciones de conflicto social.

Evaluar los límites de las operativos policiales y militares en el control de las manifestaciones sociales. Establecer los protocolos y alcances de las acciones de control de las protestas sociales, es necesario para evitar que la Policía y las FFAA caigan en el uso indiscriminado de la fuerza y el abuso del mismo.

Que se respete la vida, la dignidad la honra e integridad de las personas arrestadas o detenidas.

Que se respete el derecho a la atención médica oportuna y con calidad.

Mantener una independencia de poderes para evitar que la política manipule al poder judicial cuyo rol no es satisfacer los apetitos de las autoridades de turno, sino para impartir justicia en favor de las víctimas de injusticias, hechos de violencia o delictivos.

Evitar el uso político de las fuerzas del orden.

Garantizar la transparencia, la objetividad de las investigaciones que sean oportunas y exhaustivas.

Permitir la participación de los familiares y abogados defensores como de instituciones de derechos humanos en los procesos investigativos con el fin de dar transparencia a los mismos

Que el estado respete la libertad a la libre expresión derecho a reunirse y a libre asociación.

Investigar y sancionar a los autores materiales, e intelectuales de los hechos luctuosos.

Revisar la institucionalidad del Órgano Electoral para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional

 crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados.

y Desarrollar una política educativa que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad plural y que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otro.

Esas son las varias recomendaciones realizadas por los investigadores de la GEIE.