“Estamos complacidos en el informe de la GIEI que estableció que el 2019 hubo una interrupción del proceso democrático, y que en el gobierno de Áñez, hubo masacres, delitos de lesa humanidad que esperamos no queden en la impunidad” dijo el representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Edwin Claros.
Son 36 recomendaciones que realizó el grupo independiente de la GIEI y que el Gobierno debe dar cumplimiento; entre ellas está el resarcimiento económico a las víctimas y sus familiares, que no solo debe quedar en una compensación económica, sino que debe materializarse también en apoyo psicológico ya que muchos han quedado traumatizados con las muertes torturas y persecución política legales.
Asimismo, indicó que de acuerdo con las recomendaciones debe darse independencia a la justicia, y que se sancione a los autores de estos crímenes, para que no queden en la impunidad.