El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019, que fue presentado este martes, calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapatá, en la presentación del informe.
El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.
Tapatá dijo también que el informe indica que las protestas sociales fueron antecedidas por discursos políticos que pusieron en tensión a la democracia y las instituciones.
Además, explicó que el documento fórmula más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.
Aplicación de justicia ágil y el debido proceso, es otro de los encargos de los expertos del GIEI; además de priorizar los casos de violencia sexual y de género; y garantizar la imprescriptibilidad de los casos de violación de derechos humanos.
Asimismo, prevé que se realice una Cumbre Nacional Sobre el Racismo y la Discriminación, como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.
También recomendaron desnaturalizar el orden patriarcal, porque ello implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.
“Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para realizar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama liderazgo y una contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión, en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores”, aseveró.
Así también se recomendó la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir, atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a diferentes actores de la sociedad civil, pero simultáneamente trabajar para fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar su papel de generadoras de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado al mismo tiempo.
“La sociedad civil es eficaz solo cuando mantiene su independencia y autonomía del poder político y de poderes sectoriales, en el mismo nivel corresponde favorecer la democratización del espacio público mediático fomentando de modo equitativo que todas las voces sean escuchadas”, sostuvo Tapatá.
Se sugiere también considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir al seguimiento en la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones.
“Es posible que se considere que estas recomendaciones tengan el riesgo de diluirse, o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas. Por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse, que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas”, dijo la experta.
Asimismo, indicó que el uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural, tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas y reclamos.
“Durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado en llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado, describir lo sucedido con claridad tiene el propósito de mostrar como en un espejo que podamos mirarnos, el daño provocado, para no banalizar comportamientos que fueron particularmente crueles y agraviantes entre persona”, remarcó.
Mencionó que se identificó que Bolivia, al contar con una sociedad compleja y abigarrada, cada cierto tiempo, con la acumulación de tensiones por asimetrías y desigualdades múltiples, que desembocan en situaciones de violencia.
Asimismo, dijo que existen temas como el racismo, la violencia sexual y de género, la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación, para no poner en riesgo de perder la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo hostil, lo discriminatorio y lo que destruye la dignidad de las personas.
“Cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explicita en el más alto nivel del gobierno, estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas (…). Esperamos que lo relatado en el informe, sobre lo ocurrido en los últimos cuatro meses del año 2019, no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como un nuevo umbral, ahora más elevado y exigente de lo intolerable”, recomendó.
Ahora el Pueblo