La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, develó este viernes en la reunión especial de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur que el Decreto Supremo 4078, promulgado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez con el objetivo de dejar en impunidad a las Fuerzas Armadas, fue oficialmente conocido días después de la masacre de Sacaba (Cochabamba).
“Una particularidad que muchas veces queda en el olvido (es que) el Decreto Supremo 4078 tiene fecha de 14 de noviembre de (2019); pero es de conocimiento público después de la primera masacre, no se lo conoce antes”, aseveró en dicha reunión internacional que se desarrolló de manera virtual.
Dijo que, como entidad, tienen la teoría de que ese decreto salió posteriormente a la primera masacre, “nos imaginamos tras un proceso de negociación para ejecutar la segunda masacre (de Senkata) con las Fuerzas Armadas y con fecha anterior”.
Explicó que se buscó ese día en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, ante conocimiento público por redes sociales y el requerimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para conocer sobre la existencia de ese decreto, pero no se encontró información oficial.
“No había información oficial respecto a aquello, el gobierno de Áñez no dijo nada durante esos momentos ante las consultas que se realizaban”, dijo. Señaló que más allá de ser una norma fuera de los preceptos constitucionales y estándares internacionales, ésta salió de manera “medianamente oficial” a partir del 16 de noviembre de 2019.
“En el gobierno de Áñez sucedido todo esto, pretendía dejarlo en la impunidad a través del Decreto Supremo 4078, de 14 de noviembre de 2019 (…), si uno lee la redacción del decreto pareciera que retrocedimos como 50 años, como 40 años, porque pareciera que es un decreto al estilo de los gobiernos (dictadores) de Banzer de Bolivia (1971-1978), o al estilo de gobierno de Videla”, apuntó.
La defensora del Pueblo reiteró que ese decreto es de “impunidad”, una forma de justificar la supuesta defensa propia de las fuerzas del orden en relación a la población civil que podría atacarla, todo esto para deslindar responsabilidades, especialmente de las Fuerzas Armadas.
La masacre de Sacaba se suscitó el 15 de noviembre en el puente Huayllani, donde las fuerzas conjuntas provocaron la muerte de 10 personas y alrededor de 124 heridos todos por impactos de bala.
“Nosotros fuimos como Defensoría, literalmente, a recoger cuerpos, heridos y muertos del sector campesino cocalero; en el caso de las Fuerzas Armadas y Policía ni siquiera se encontraban heridos”, relató.
Cruz hizo conocer detalles del informe defensorial denominado “Crisis de Estado”, en el que se relata lo que sucedió entre el 21 de octubre y 24 de noviembre del 2019 en Bolivia, con la crisis política y social que llevó a la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno.
ABI