El Ministerio Público de Brasil pidió investigar un posible «presupuesto paralelo» del Gobierno de Jair Bolsonaro, que habría desviado 3.000 millones de reales (unos de 574 millones de dólares) de dinero público para destinarlo a su base aliada en el Congreso.

Lucas Furtado, fiscal general adjunto del Ministerio Público junto al Tribunal de Federal de Cuentas (TCU), consideró que hay indicios de que hubo «una inadecuada ejecución presupuestaria, supuestamente motivada por intereses políticos». Este esquema, según Furtado, podría constituir un «delito de responsabilidad» y conducir a un proceso de ‘impeachment’.

Peticiones de destitución

Bolsonaro acumula unas 70 peticiones de destitución impulsadas por distintos sectores políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, pero en su mayoría están relacionados con su gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 423.000 muertos en el país.

Según la ley de ‘impeachment’, si el mandatario, sus ministros, los magistrados del Supremo Tribunal Federal o el procurador general incurren en los «crímenes de responsabilidad», que atentan contra la Constitución y los poderes públicos establecidos, la pena contempla la salida del cargo y la inhabilitación política hasta por cinco años.