Procurador General del Estado presenta a la ONU pruebas del golpe de Estado en 2019

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia las pruebas del golpe de Estado que consolidó el régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 y evidenció que no se cumplió con la norma legislativa para la sucesión constitucional.

En conferencia de prensa, el procurador general Wilfredo Chávez explicó que por los resultados de la investigación y la sistematización de la información se concluye que no se cumplió con la ley que avala la sucesión constitucional, que no existió vacancia de autoridad, que no se presentaron renuncias escritas de los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, tal como exige la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, Chávez emplazó a los líderes de los partidos políticos de oposición, y a sus asambleístas, a demostrar su verdad con documentación. “Les pido por favor que digan la verdad; nosotros estamos demostrando con documentos, con papeles y precedentes constitucionales”, sostuvo.

ASAMBLEA

Señaló que después de la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado, en noviembre de 2019, correspondía que la Asamblea Legislativa Plurinacional designe al nuevo presidente hasta agotar la vía de sucesión constitucional debidamente respaldada con cartas de dimisión voluntarias libres de coacción, violencia, instigación, incitación y opresión de terceros.

Demostró que hubo coacción, como lo denunció, varias veces a través de los medios de comunicación, la entonces presidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra, de quién la Cámara Alta nunca recibió su dimisión por escrito.

Además se registró violencia, como fue en el caso del expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, de quien incendiaron su casa y torturaron a su sobrino para que presente su renuncia por escrito, pero su carta tampoco fue presentada y menos aceptada en la Cámara Baja.

“Estas exigencias no se han cumplido en ninguno de los casos porque estaban persiguiendo a las autoridades de la sucesión. El objetivo político era que se muestre que hubo renuncias y vacancias para que asuma la señora (Jeanine Añez)”, precisó.

VACÍO DE PODER

Sobre el argumento del vacío de poder, que fue utilizado por la oposición para justificar la presidencia de Añez, el procurador Chávez dijo que el artículo 10 de la Ley del Código Procesal Constitucional establece que hay tres formas para que las acciones del Tribunal Constitucional sean vinculantes: la Sentencia Constitucional, las Declaraciones Constitucionales y los Autos Constitucionales.

Además, en ninguna parte de la Constitución y de esa ley se menciona comunicados para avalar una sucesión constitucional por vacancia.

“Ese comunicado del Tribunal Constitucional no se acomoda a lo previsto en la Constitución Política del Estado que establece que las decisiones y sentencias de esa instancia del Órgano Judicial son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio”, aseguró.

Cuatro conclusiones que se reportaron a Naciones Unidas

La Agencia Boliviana de Información (ABI) señala que el informe ‘Comunicación conjunta de los procedimientos especiales, desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia’ establece cuatro conclusiones.

La Procuraduría General del Estado indica, en su primera conclusión que, a raíz de los conflictos poselectorales de 2019, “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejerciendo violencia extrema vulneraron derechos humanos de la población”.

La segunda señala que una vez instaurado el régimen de facto de Jeanine Añez Chávez, el pueblo boliviano atravesó por un periodo de represión de las protestas sociales, de persecución política a dirigentes del partido MAS-IPSP y a exautoridades del gobierno del expresidente Juan Evo Morales Ayma.

Tercero, el pueblo boliviano rechazó, de forma democrática, las políticas del régimen de facto y eligió a Luis Arce en las urnas con el 55,11% de los votos válidos.

Cuarto, el Gobierno se comprometió a encaminar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Ahora el Pueblo