La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que con la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria el Estado boliviano tiene los mecanismos para regular la atención en salud y el expendio de medicamentos, a fin de evitar que se lucre con la vida de la población ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La autoridad indicó de aquí en adelante la atención de salud será un servicio a la población y no un negocio de médicos, clínicas y hospitales privados.
Willy Huaranca, presidente de juventudes de las 6 Federaciones del trópico de Cochabamba, estacó el trabajo de médicos patrióticos que anteponen la vida y la salud de los pacientes antes que sus intereses económicos. Lamentó que algunos sectores de salud critiquen la ley de emergencia sanitaria y aseguró que el rechazo obedece a que la norma elimina sus privilegios y negociados.
Luis Veizaga Gutiérrez ex dirigente de la Federación Carrasco, respalda y destaca la Ley de emergencia sanitaria que fue promulgada por el gobierno nacional en beneficio del pueblo boliviano.
La Ley favorece a los enfermos y sus familiares que cuando llegaban al hospital debían pagar por adelantado hasta 15 mil dólares por la atención de sus seres queridos y si no lo hacían se les negaba el servicio.
En otros casos las farmacias hacían su negocio poniendo el precio que querían a los medicamentos aprovechando la emergencia sanitaria de la COVID 19 en desmedro del bolsillo de los pobres.
“Lo peos es que algunos médicos no quieren trabajar 8 horas y tampoco permiten que se contrate a otros médicos que si quieren prestar servicio a la población” sostuvo Veizaga.
Jefe de bancada del MAS Gualberto Arispe, manifestó a su turno su repudio de dirigentes del sector salud que amenazan con paros y marcha, so pretexto de derecho a la huelga o al trabajo cuando la Ley no atenta el derecho a la protesta ni al trabajo, dijo.